El ministro de Desregulación sostuvo que la actualización normativa permitirá atraer inversiones tecnológicas y facilitar la radicación de empresas innovadoras en el país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó este miércoles en el Senado el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades y afirmó que la incorporación de nuevas tecnologías al marco jurídico resulta imprescindible para el desarrollo económico y la competitividad del país.
Durante su exposición ante la Comisión de Legislación General, el funcionario sostuvo que la iniciativa busca adecuar la normativa vigente a los cambios producidos por la economía digital y generar condiciones favorables para la instalación de empresas vinculadas a la innovación tecnológica.
Entre las principales novedades del proyecto figura la creación de las denominadas “Sociedades Automatizadas”, capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir personal para sus tareas ordinarias, así como la incorporación de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), basadas en tecnología blockchain y sistemas de participación mediante tokens.
En la apertura del debate, funcionarios del área jurídica del Poder Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a modernizar un régimen diseñado décadas atrás, en un contexto muy distinto al actual, y destacaron la necesidad de encontrar un equilibrio entre regulación y libertad para el desarrollo de nuevas actividades económicas.
La iniciativa también contempla una amplia digitalización de los procesos societarios, incluyendo la utilización de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas remotas y la constitución de sociedades mediante firma electrónica o digital. Además, prevé la simplificación de trámites registrales y una mayor flexibilidad para la definición de los objetos sociales de las empresas.
Desde el oficialismo, los impulsores del proyecto sostuvieron que la reforma contribuirá a reducir obstáculos burocráticos, fortalecer la seguridad jurídica y adaptar la legislación argentina a los desafíos tecnológicos y empresariales del siglo XXI.





