El proyecto oficial busca reemplazar el régimen vigente por un esquema permanente con criterios unificados, auditorías reforzadas y financiamiento definido.

El gobierno nacional presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez, con el objetivo de dejar atrás el esquema de emergencia actual y avanzar hacia un modelo estructural con reglas claras y controles más estrictos. La iniciativa apunta a corregir distorsiones generadas por la legislación vigente.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la distinción entre invalidez laboral y discapacidad, al considerar que esa dualidad generó confusión en la asignación de beneficios. El nuevo esquema propone una única pensión por invalidez laboral, basada en la imposibilidad de trabajar y en condiciones de vulnerabilidad económica comprobables.

El proyecto también incorpora un sistema de control continuo que incluye auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos públicos y un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios. Además, prevé la posibilidad de aplicar suspensiones preventivas sujetas a revisión.

En cuanto al financiamiento, la iniciativa establece partidas específicas y define que los recursos provendrán del Ministerio de Salud y, en caso necesario, del Tesoro Nacional. De este modo, se busca dar previsibilidad a un sistema que hasta ahora no contaba con un esquema fiscal claramente definido.

Otro punto relevante es la modificación del nomenclador, que dejará de fijar aranceles para pasar a garantizar un piso mínimo de prestaciones. Los valores serán acordados entre financiadores y prestadores según criterios de costos, complejidad, región y calidad, mientras que el Estado nacional fijará referencias periódicas.

Finalmente, el proyecto promueve una mayor participación de las provincias mediante convenios y esquemas de gestión descentralizada. Con este enfoque, se busca reducir la centralización y establecer un marco normativo permanente en reemplazo del carácter excepcional del régimen actual.