El Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto clave que reforma el Régimen Penal Tributario bajo el título de “ley de principio de inocencia fiscal”. La iniciativa, que busca reducir la carga penal sobre los contribuyentes y fomentar la incorporación de dinero no declarado a la economía formal, introduce cambios significativos en los umbrales de evasión, los plazos de prescripción y el sistema de control sobre el patrimonio personal.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la elevación de los montos mínimos para que la Administración de Ingresos Públicos (ARCA) pueda iniciar investigaciones por evasión. En el caso de la evasión simple, el piso pasa de $1,5 millones a $100 millones; mientras que para que sea considerada agravada, el umbral se eleva a $1.000 millones. También se propone reducir el plazo de prescripción tributaria de cinco a tres años, limitando así el margen temporal del Estado para reclamar deudas fiscales.

Además, el proyecto incluye un régimen especial para regularizar deudas con beneficios concretos: si el contribuyente paga lo adeudado más intereses, no se iniciarán acciones penales. Si aún no hubo denuncia formal, el pago con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación extinguirá la causa. Sin embargo, este beneficio podrá utilizarse una única vez por persona.

Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias que “blinda” a quienes se adhieran y posean un patrimonio inferior a $10.000 millones. Estos contribuyentes no estarán obligados a informar sobre su evolución patrimonial ni sus consumos, y ARCA solo les cobrará el impuesto sobre lo efectivamente facturado. Además, se eliminarán las facultades de provincias y municipios para fijar sus propios plazos de prescripción, que se unificarán bajo la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal. También se propone reducir de 10 a 5 años el plazo de prescripción para reclamos en materia de seguridad social y obras sociales.

El proyecto, que promete agilizar y descomprimir el sistema tributario, genera un debate intenso por su posible impacto en el control fiscal y la equidad tributaria.