La Cámara Argentina Fintech sostuvo que mejorar el acceso a los datos crediticios permitiría evaluar mejor a los solicitantes y evitar la acumulación de deudas. También pidió reducir la carga impositiva sobre los préstamos.

La Cámara Argentina Fintech reclamó al Banco Central mayores herramientas para acceder a información crediticia y sostuvo que contar con datos más actualizados permitiría prevenir la acumulación de deudas, reducir el fraude y ofrecer mejores condiciones de financiamiento.

La entidad, que reúne a billeteras virtuales y bancos, afirmó que el aumento de la morosidad requiere una respuesta conjunta y defendió la expansión del crédito formal. Según sus datos, más de 10 millones de personas tienen actualmente algún crédito fintech, de las cuales 3,8 millones no cuentan con financiamiento bancario.

Uno de los principales planteos apunta a la Central de Deudores del BCRA, que actualmente refleja la situación crediticia con un rezago de 60 días. Para la Cámara, reducir ese plazo permitiría conocer con mayor precisión el nivel de endeudamiento de cada persona antes de otorgar un nuevo préstamo.

También propuso avanzar con el Sistema de Finanzas Abiertas impulsado por el Banco Central. La iniciativa permitiría que los usuarios compartan información financiera que hoy se encuentra distribuida entre distintas entidades y organismos, facilitando una evaluación más completa de cada solicitante.

La Cámara también pidió revisar la carga impositiva que afecta a los proveedores de crédito, al considerar que los tributos terminan elevando el costo que afrontan los consumidores. A esto sumó la necesidad de fortalecer la educación financiera y desarrollar herramientas de asistencia temprana para quienes atraviesan dificultades de pago.

Según los datos citados por la entidad, el crédito total a las familias alcanza los $82,8 billones, de los cuales $13,5 billones se encuentran en situación irregular. Los bancos concentran el 63,3% del monto de deuda irregular, mientras que las fintech representan el 16,3%, en un escenario donde casi tres de cada diez personas con crédito registran atrasos superiores a 90 días.