Un relevamiento internacional muestra cómo la inteligencia artificial ya transforma la gestión pública. Mejora procesos, pero también expone fallas estructurales que pueden agravarse si no se corrigen.

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futura y ya forma parte del funcionamiento cotidiano de varios Estados. Un relevamiento de 200 casos reales evidencia que muchos gobiernos avanzan en su implementación mientras otros aún dudan, con el riesgo de quedar rezagados en la construcción de administraciones más ágiles y eficientes.

Sin embargo, la adopción de estas tecnologías no está exenta de peligros. Especialistas advierten que la IA no corrige problemas estructurales, sino que tiende a amplificarlos. Esto implica que sistemas burocráticos ineficientes pueden volverse más rápidos, pero no necesariamente más justos o efectivos si no se reforman previamente.

En Argentina, uno de los ejemplos más avanzados es el sistema Prometea, que permite generar borradores de resoluciones judiciales en cuestión de minutos. Esta herramienta acelera procesos que antes demandaban días, marcando un cambio significativo en un ámbito históricamente lento como la Justicia.

A nivel internacional, los casos muestran tanto beneficios como riesgos. En Austria, la inteligencia artificial permitió recuperar millones en evasión fiscal, mientras que en Francia se utiliza para detectar construcciones no declaradas mediante imágenes satelitales. En contraste, en Países Bajos un algoritmo defectuoso acusó erróneamente a miles de familias de fraude, generando un escándalo político de gran escala.

El avance es innegable: el 70% de los países ya utiliza IA para mejorar procesos internos del Estado. Sin embargo, su impacto en políticas públicas aún es limitado, en parte por la baja confianza ciudadana y la falta de marcos claros de implementación. El desafío no es solo adoptar tecnología, sino hacerlo con criterios que garanticen transparencia, equidad y eficiencia real.