En 2025 se iniciaron casi 132.000 demandas por Riesgos del Trabajo, un volumen que no se corresponde con la evolución de los accidentes y que vuelve a poner el foco en los costos del sistema.

Los juicios laborales vinculados a accidentes de trabajo registraron en 2025 el nivel más alto desde la creación del sistema de Riesgos del Trabajo. Los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido de la litigiosidad que no encuentra explicación en la dinámica de la siniestralidad, y que se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión sobre la reforma laboral en el Congreso.

Durante el último año se iniciaron cerca de 132.000 demandas, una cifra que implica que los juicios se multiplicaron por 44 en comparación con 2003. El volumen equivale a más de 350 nuevas presentaciones por cada día hábil, consolidando una tendencia que se profundizó en los últimos años.

La evolución de los accidentes laborales, sin embargo, siguió un camino diferente. Tras un crecimiento inicial, los indicadores se estabilizaron e incluso mostraron retrocesos, sin acompañar el fuerte incremento de las acciones judiciales. En los hechos, la cantidad de demandas avanza muy por encima de los accidentes efectivamente registrados.

Este desajuste tiene impactos económicos concretos. El aumento de la litigiosidad eleva los costos del sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo y se traslada a mayores cargas para las empresas, con un efecto especialmente sensible sobre pymes y sectores intensivos en empleo formal. A su vez, la incertidumbre judicial opera como un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión.

En este contexto, la reforma laboral incorpora cada vez con más fuerza el capítulo de los juicios laborales. El desafío planteado es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican. Experiencias regionales muestran que una mayor resolución administrativa y reglas más claras pueden alinear mejor accidentes y reclamos, reducir costos y aportar mayor previsibilidad al empleo formal.