Con 158 votos a favor, la Cámara baja dio media sanción al proyecto que eleva el financiamiento universitario al 1% del PBI. El oficialismo quedó aislado y denuncia que se pone en riesgo el equilibrio fiscal.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto que establece un nuevo esquema de financiamiento para las universidades nacionales, en un golpe político para el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, fue respaldada por 158 votos afirmativos, frente a 75 negativos y 5 abstenciones. El texto eleva el presupuesto universitario al 1% del PBI y contempla ajustes periódicos por inflación.

El proyecto, redactado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), también propone una suma especial para la creación de carreras estratégicas, la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, y una recomposición salarial que cubra la pérdida inflacionaria desde diciembre de 2023. Además, la Auditoría General de la Nación deberá ejercer control externo sobre los gastos de las casas de estudio.

El oficialismo de La Libertad Avanza votó en contra y expresó su rechazo con el argumento de que el proyecto atenta contra su política de “déficit cero”. Diputados como Mercedes Llano y Carlos Zapata advirtieron que las nuevas partidas no cuentan con una fuente de financiamiento específica, en contradicción con la Ley de Administración Financiera.

Desde la oposición, en cambio, el apoyo fue contundente. Blanca Osuna (UxP) calificó al actual presupuesto como “el más bajo en dos décadas”, mientras que Danya Tavela (Democracia para Siempre) subrayó la responsabilidad moral de los legisladores hacia el sistema universitario que los formó. Martín Tetaz (UCR) respondió a las críticas libertarias asegurando que no se trata de nuevos gastos, sino de restituir fondos recortados.

Durante el debate, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció una política deliberada de “desprecio” hacia la universidad pública por parte del gobierno. “Esto no es un problema técnico, es una decisión política”, sostuvo. Mientras tanto, desde las redes oficiales de LLA, la respuesta fue escueta pero tajante: “El superávit fiscal no se negocia”.