El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que el Gobierno apelará el fallo judicial que suspendió por seis meses la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida cautelar fue dictada tras la presentación del gremio Sevina, que representa a trabajadores del sector, y frena temporalmente la ejecución del decreto que ordenaba el cierre del organismo.

La decisión judicial implica un revés para la Casa Rosada, que había anunciado el cierre “definitivo” de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, organismos señalados por el Ejecutivo como parte del entramado de corrupción en la obra pública. Según Adorni, sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras dependencias del Ministerio de Economía.

Vialidad Nacional era el organismo técnico encargado del diseño, construcción, mantenimiento y fiscalización de la red vial nacional. Su rol era clave para garantizar la conectividad territorial y el desarrollo del transporte productivo y turístico a través de rutas seguras y transitables. El cierre, anunciado como parte del plan de reforma estatal, generó fuertes críticas por su posible impacto en la infraestructura y el empleo.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ahora pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Este organismo tendrá bajo su órbita el control de concesiones viales y de transporte, en línea con la reorganización que impulsa la gestión libertaria.