El fiscal federal Carlos Rívolo sostuvo que el sistema judicial es más estricto con los funcionarios públicos condenados por delitos que con ciudadanos comunes, en línea con el Código Penal vigente desde 1921. Al referirse a la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos —tras su condena en la causa Vialidad—, negó que se trate de una proscripción política y explicó que la ley prevé sanciones más severas para quienes, ocupando funciones estatales, cometen ilícitos.

«El funcionario público que defrauda la confianza depositada en él recibe una sanción ejemplar: la inhabilitación absoluta y perpetua. Esto no es nuevo, existe desde hace un siglo», señaló Rívolo en diálogo con Radio Rivadavia. Agregó que el objetivo de la pena no solo es punitivo, sino también de resocialización, aunque en estos casos se prioriza «el mensaje de que no habrá impunidad para quienes abusen del poder».

Violencia social y el rol de las redes

El fiscal alertó sobre un preocupante incremento de la violencia en la sociedad, exacerbada por la circulación de información —verdadera o falsa— en redes sociales. Vinculó este clima con episodios como el atentado contra Cristina Kirchner en 2022 y el lanzamiento de una botella contra el presidente Javier Milei durante su asunción. «Las redes alimentan una espiral de confrontación donde cualquier tema deriva en agresiones físicas o simbólicas», afirmó.

Criticó especialmente las pintadas contra propiedades de militantes kirchneristas y advirtió que la violencia verbal puede escalar rápidamente a acciones concretas: «Cuando alguien lanza un objeto contra un presidente desde 20 metros, el límite entre el discurso y el hecho se vuelve peligrosamente delgado». Llamó a la sociedad y a los medios a moderar los tonos para evitar que la polarización derive en caos.

Responsabilidades compartidas

Rívolo pidió reflexionar sobre el rol de periodistas, jueces y políticos en este escenario: «La justicia actúa, pero la sociedad debe autorregularse. No podemos normalizar que cada debate termine en violencia». Su advertencia llega en un contexto de alta tensión política, donde casos como el de Kirchner son utilizados como bandera de disputa, alimentando narrativas de «persecución» o «justicia ejemplar» según el sector.

Finalmente, recordó que la inhabilitación de funcionarios es un mecanismo legal —aplicado antes a figuras como Amado Boudou— y no una arbitrariedad: «La ley no distingue colores políticos, sino conductas. El problema es cuando se interpreta su aplicación como un ataque, en lugar de una consecuencia».