La situación financiera de los municipios atraviesa un momento crítico en varias regiones del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una gran parte de la administración local. La falta de recursos pone en riesgo el pago del aguinaldo, una obligación clave en el calendario salarial, y genera una creciente preocupación entre los trabajadores y las autoridades locales.

Ante la proximidad del mes de junio, varios municipios del país comenzaron a encender luces de alerta por las dificultades que enfrentan para abonar el aguinaldo a sus trabajadores. Frente a este panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a gobernadores e intendentes que avancen con recortes en el gasto público, argumentando que el Tesoro Nacional ya no tiene margen para asistir financieramente a las administraciones locales. Aseguró que la responsabilidad de mantener el equilibrio fiscal ahora recae sobre las provincias y los municipios.

El contexto se agrava con la fuerte caída de los fondos coparticipables: en el primer trimestre de 2025, la coparticipación disminuyó un 19,4% en términos reales respecto del año anterior. En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof solicitó autorización para endeudarse en más de mil millones de dólares, mientras su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que numerosos intendentes ya manifestaron su preocupación ante la posibilidad de no poder pagar salarios ni aguinaldos a tiempo. La provincia, que concentra la mayor cantidad de empleados municipales, se ve fuertemente impactada por esta situación.

Desde el Gobierno bonaerense advierten que los recortes nacionales están afectando las finanzas de todos los niveles del Estado y complican el funcionamiento de la economía real, incluyendo la recaudación. La provincia también denuncia que no está recibiendo en tiempo y forma la totalidad de los fondos por coparticipación. Además, hubo críticas a los cambios aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que modificó la metodología de liquidación del Impuesto a las Ganancias, lo que altera el flujo de ingresos que reciben los municipios y dificulta la ejecución de los presupuestos.

Frente a este escenario, varios intendentes comenzaron a implementar medidas de emergencia. En Villa Gesell se decretó la emergencia económica; en Saavedra, se redujeron los sueldos políticos; y en Guaminí, se puso en marcha un plan de austeridad que incluye recortes en horas extras y subsidios. En Caá Catí, Corrientes, aseguran haber perdido un 30% de los fondos, mientras que en Coronel Rosales hay preocupación por el aguinaldo. El problema se extiende por todo el país, y algunos jefes comunales denuncian que mientras se tocan fondos coparticipables, no se modifican impuestos que solo maneja la Nación, lo que desequilibra aún más las finanzas locales.